Por Rafael Puyol, Vicepresidente de Fundación IE

La universidad como una de las instituciones sociales más relevantes, debe jugar el papel  de  escenario  cualificado de convivencia de todas las opciones ideológicas y políticas de un Estado democrático.  Otra cosa muy distinta es que desde las instancias de poder de algunas se tome partido por una determinada opción política con el objetivo de acabar con el contrario. Eso inquieta en una organización que ha de ser el templo del saber y no el del poder, sea este político, sindical o de cualquier otra naturaleza.

Desgraciadamente, las cosas no siempre suceden así y muchos gestores universitarios se ven sometidos a la presión de aquellos grupos que los apoyaron en su elección. Y es precisamente para eliminar ese clientelismo y para dar presencia efectiva a la propia sociedad que la financia, que la Comisión que elaboró el último Informe sobre la Reforma Universitaria, sugirió un nuevo sistema de gobierno.  La propuesta principal es que los actuales Consejos de Gobierno y los Consejos Sociales se fundan en un solo organismo con mayoría de académicos , pero con una significativa representación de la sociedad civil (no política, ni sindical). Y sería ese órgano, de no más de 20-25 personas, quien elegiría a los rectores dotados de mayor independencia. Unos rectores que han de ser buenos académicos, buenos gestores y gobernar con la neutralidad exigida en una institución tan plural.

Sistemas así ya están implantados en muchas de las universidades más prestigiosas del mundo, americanas y europeas. Por supuesto en todas ellas, y también en nuestra propuesta, se mantiene el principio democrático de la elección de los órganos de gobierno, cuyo tamaño se reduce. Se insiste en “despolitizar” dichos órganos proponiendo que los representantes externos sean personas prestigiosas del mundo profesional o académico.

Y algo muy importante. El Informe no juzga esta estructura como la única posible. La recomienda y la ofrece como una alternativa posible a las actuales que, ya no resultan apropiadas para el gobierno de la universidad española.