He leído con detenimiento las propuestas para un pacto social y político por la Educación. Es un segundo documento lanzado por el Ministerio tras recibir nuevas propuestas realizadas por las Administraciones Educativas, los partidos políticos y diversas organizaciones educativas y ciudadanas, a un primer borrador ministerial. El nuevo texto contiene 12 objetivos para la Educación de la década 2010-2020 que a su vez se desglosan en 137 propuestas que plantean cambios para actuar sobre un sistema manifiestamente mejorable. Las actuaciones definidas suponen el reconocimiento tácito de que las cosas no van bien y la intención de que es preciso reanimar una criatura que languidece y se ha instalado en al mediocridad.
Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con los objetivos generales e incluso con la inmensa mayoría de las medidas planteadas. Es verdad que muchas de ellas forman parte de un abanico de buenos deseos y que les falta concreción, calendario y presupuesto. Pero se trata de un borrador abierto a la discusión que busca el consenso final de los agentes implicados. No solo de los partidos políticos, sino también de los agentes sociales.
Seguramente el problema del documento no está en lo que está, sino en lo que falta. La mayoría de lo que hay podría dar lugar a acuerdos básicos que sin duda permitirían mejorar la Educación en cualquiera de sus niveles. Pero probablemente el salto al Pacto de Estado exige otras cosas a las que el PP y algunas comunidades autónomas no están dispuestas a renunciar.
Algunas son, sin duda, razonables, pero plantean serias dificultades para el Acuerdo.
Estamos ante un dilema complicado que no debe conducirnos a la inanición. Ojalá pudiéramos llegar a un Gran Pacto Educativo. Pero si no puede ser actúese sobre el sistema antes de que se nos muera entre las manos.
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