Andamos preocupados por el presente. La gravedad de la crisis económica y la alta tasa de paro no nos permiten reflexionar sobre un futuro juzgado distante y ajeno. Una vez más, lo urgente impide pensar en lo importante y el pan nuestro de cada día consume nuestras energías y embota nuestra imaginación.
Quizá eso es lo que ha pasado con la propuesta del Gobierno para retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, de manera gradual a partir del 2013. El sentir de muchas gente se resume en la frase del Diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, al afirmar: "Me preocupa que no se atiendan los problemas de hoy y sí los de 2050". Personalmente, no veo incompatibilidad entre socorrer los acuciantes desajustes que asolan el mercado laboral y anticipar los que tendrá así que pasen algunos años. Es más, los progresos de hoy lográsemos tendrían una indudable repercusión positiva en el alivio de los previsibles males del mañana.
Lo que sí se observa en los tensos debates entre Gobierno, oposición, sindicatos o empresarios es su apoyo prioritario en argumentos económicos, ideológicos o de justicia social y el uso secundario de las variables demográficas que deberían estar en la base de cualquier discusión.
Asistimos a una diatriba enconada sobre la que puede arrojar alguna luz la proyección de la población española a largo plazo (2009-2049), ese diagnóstico que acaba de salir de cuantos y cómo seremos a mediados de este siglo.
La demografía no es ciencia cortoplacista, sino de luces largas. Además, aunque el 2049 nos pueda parecer distante, es un horizonte razonable de supervivencia para la mayoría de las personas que viven hoy en el país.
No pretendo glosar los resultados de la proyección. Únicamente citaré algunos datos que por su relevancia afectarán decisivamente a la estructura de nuestra sociedad. Seremos dos millones más de personas (48 millones), pero desde 2020 viviremos bajo una situación de crecimiento negativo debido sobre todo a un fuerte aumento de las defunciones propiciado por el envejecimiento. Crecerá la esperanza de vida al nacer que rondará el 84 años para los hombres y los 90 para las mujeres, pero lo más importante es que los mayores de 64 años llegarán casi a un tercio de la población total y que por cada 10 personas en edad de trabajar habrá casi 9 potencialmente inactivas (menores de 16 y mayores de 64). Este fuerte desajuste es un argumento decisivo para el debate abierto sobre el futuro de las pensiones.
En todas las tesis manejadas por unos y por otros hay algo de razón. Hay quienes sostienen que ante todo hay que hacer un esfuerzo por aumentar el número de ocupados. Y es verdad. La tasa actual de paro (19%) está 15 puntos por encima del pleno empleo que supondría la incorporación al trabajo de 4,3 millones de personas. Caben progresos en la tasa de actividad femenina y será imprescindible seguir contando con la inmigración (la proyección estima un flujo anual inmigratorio de 400.000 personas desde el 2019). Pero todas estas acciones resultarán insuficientes para resolver las escaseces del mercado laboral. Es en este punto donde surge el debate de la modificación de la edad del retiro como fórmula para mantener más trabajadores activos y a la vez reducir el número de pensionistas. Pero también para este reto hay varias soluciones complementarias. La primera es reducir las jubilaciones anticipadas. La edad legal es ahora de 65 años, pero un 40% de los que salen del mercado lo hacen antes, favoreciendo una edad real algo por encima de los 63 años. No tiene sentido poder prejubilar como ahora a los 52 años e incluso parece corta la propuesta de hacerlo después de los 58. La segunda es definir modelos de jubilación flexible en función de la actividad desempeñada. La tercera es incentivar más para los trabajadores y las empresas, la actividad hasta los 70 años (ya existe un procedimiento desde el 2008). La cuarta es favorecer los sistemas de capitalización, como complemento al modelo actualmente predominante de reparto. Y por fin, elevar la edad legal como antes lo han hecho países como EEUU, Alemania, Dinamarca, Noruega o el Reino Unido. La población de 65 y 66 años es ahora de 851.000 personas y será en el 2049 de 1,2 millones, es decir un número de activos potenciales más elevado que reduciría las filas del frente de cobradores de una pensión.
En conclusión, resolver el futuro problema de las pensiones tiene varias vías complementarias, una de las cuales es la discutida elevación de la actual edad legal de jubilación. La propuesta ha sido planteada en mal momento, con titubeos y rectificaciones. En todos los países donde se ha introducido han existido debates enconados entre el Gobierno de turno, la oposición, los sindicatos y las empresas. Sería deseable el mayor consenso posible entre todos para minimizar el impacto social de la medida. Pero nadie debería dudar de su conveniencia ante una evolución demográfica tan implacable como irresistible.
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