Rafael Puyol

Es verdad que existe una contradicción en las políticas inmigratorias que obligan a expulsar a los inmigrantes irregulares y a la vez imponen a los ayuntamientos empadronar a todos los residentes en un municipio. Es verdad que hay pisos-patera en donde se hacinan más inmigrantes de los razonables. Es verdad que muchos extranjeros, con un simple visado de turista, pretenden empadronarse para beneficiarse con rapidez de los servicios sociales que suponen la inscripción. Es cierto que al igual que hay inmigrantes sin papeles, hay papeles sin inmigrantes, es decir, inscripciones de personas que no viven donde dicen. Es verdad que a veces se hinchan los padrones con fines electorales o económicos. Pero de ninguna de esas cosas tiene la culpa el Padrón. Su finalidad no es exclusivamente poblacional, pero debido al derecho y al deber que tiene todo ciudadano, documentado o no, para empadronarse, se convierte en una fuente demográfica de primera necesidad. Gracias al padrón, podemos saber cuántos extranjeros tenemos y cuántos de ellos (aproximadamente) son irregulares. Y conocer algunas características básicas de toda la población para prever y planificar sus necesidades presentes y futuras.

Es razonable que se intenten corregir los fraudes al Padrón. Y que ahora se pretenda establecer un límite de "habitabilidad" para autorizar el empadronamiento. Es sensato también que se apueste por la inmigración legal necesaria y se intente controlar la irregular. Pero entonces habrá que buscar un procedimiento para conocer la cuantía de esos sin techo "de iure" y resolver el problema de su atención sanitaria o escolar. Porque si vamos a seguir prestándole esos servicios allí donde residan ¿Qué trascendencia tiene que figuren en el Padrón o queden fuera de él?

El debate abierto va mucho más allá de la simple inscripción padronal. Lo que está en juego es la naturaleza y el alcance de nuestras políticas sociales. Al padrón, como a la rosa, dejémosle quieto.