Resulta evidente que vivimos un momento decisivo para el futuro educativo de este país. Necesitamos salir de la crisis con un renovado modelo productivo que ha de considerar la formación de los recursos humanos una exigencia imprescindible. Hay un amplio consenso sobre esta necesidad y un convencimiento generalizado de que la educación no podrá jugar ese papel estelar si no corregimos muchas de sus insuficiencias y estrecheces.
Mejorar el sistema es cosa de todos, pero ya sabemos que las cosas de todos acaban no siendo de nadie. Es preciso reconocer el papel de cada instancia en el proceso formativo. Los padres y los profesores tienen el suyo, como lo tienen las asociaciones educativas o los sindicatos. Pero la contribución de éstas y otras instancias no será suficiente para hacer avanzar el sistema, si no hay acuerdos esenciales entre los partidos para fijar las grandes líneas de la Acción de Estado, y si no hay consensos entre el gobierno central y el de las comunidades autónomas para desarrollarla.
La ciudadanía sabe bastante bien lo que quiere y lo que necesita en materia de Educación que no es, ni por la calidad del sistema, las insuficiencias financieras, los excesos legislativos, o los protagonismos autonómicos, la que tenemos.
Los ciudadanos quieren una buena educación para todos que ofrezca una auténtica igualdad de oportunidades en todas las regiones del país. Esa es la verdadera voluntad política de los usuarios. Sólo hace falta que esa aspiración sea compartida por las diferentes fuerzas políticas, nacionales y autonómicas que tienen en sus manos la definición y la mejora del sistema.
La posibilidad de un Pacto Educativo es una buena idea, pero hay muchos ciudadanos que compartiéndolo, dudan de que sus representantes se pongan de acuerdo sobre su contenido. Es preciso, como decía el Ministro esta misma semana que "la voluntad política esté a la altura de la de los ciudadanos". Y que por lo tanto, ese pacto, ansiado por imprescindible, vea pronto la luz.
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