El cine americano ha tratado muchas veces el maltrato a los docentes, describiendo con tintes sombríos esas escuelas multirraciales en barrios deprimidos donde el profesor es sistemáticamente agredido por pandilleros desmotivados que hacen de las aulas su hábitat de protesta y desarraigo.
Podemos creer que eso es cosa de otros y que nuca iba a llegar aquí. Pero lo cierto es que el fenómeno ha irrumpido entre nosotros de una manera preocupante. Según datos de mi amigo Javier Urra, quince de cada cien profesores de secundaria han sido agredidos físicamente alguna vez y un 73% verbalmente, y son muchos los que manifiestan sentir miedo al entrar en clase. De ahí que el 80% reclame instrumentos para ejercer más y mejor la autoridad docente. Lo cierto es que hasta ahora el profesor carece de medios para luchar contra unos alumnos que no le dejan dar la clase y no permiten a sus compañeros estudiar y aprender en condiciones. El resultado es ese estrés permanente de muchos docentes y su deseo de salir cuanto antes del sistema.
Por ello propuestas como las de la Comunidad de Madrid de conferir a los profesores la condición de "autoridad pública" deben ser bienvenidas. Pero esa deseable medida no lo va a resolver todo. Resulta muy turbador que más del 60% de los profesores consideren que la indisciplina de los alumnos en las clases está directamente relacionada con una permisividad excesiva en el hogar familiar. Educar a los hijos exige oficio y tiempo y los padres que trabajan no siempre lo tienen. Pero esa situación no justifica que se comporten siempre como abogados defensores de sus hijos. Deberían actuar más veces como fiscales ante comportamientos claramente desviados de lo razonable. Así que bien estará la ley, pero no servirá de mucho sin una mayor implicación de los padres en el proceso educativo.
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