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Legalidad frente a realidad en el Sahara

Gaspar Atienza, Profesor Asociado en IE School of Arts and Humanities

El conflicto del Sahara Occidental, por su duración y complejidad, exige planteamientos pragmáticos acordes con la legalidad internacional. La pluralidad de actores -Marruecos, Argelia, el Frente Polisario, España, Francia, EE.UU. y la ONU, entre otros- y de intereses contrapuestos requiere buscar una solución que, como dijo el enviado de la ONU a la región en 2008, Peter Van Walsum, tenga en cuenta «la realidad política y la legalidad internacional». Para ello es necesario interpretar el derecho en un contexto social, político y económico cambiante, e interpretar la realidad social a la vista de los derechos humanos, de la seguridad y del porvenir de los pueblos saharaui y marroquí.

La comunidad internacional se juega mucho en este conflicto. Si debe contribuir a resolver un histórico conflicto colonial al amparo del principio de autodeterminación de los pueblos (que significa la independencia o la restitución de la integridad territorial, como es el caso de Gibraltar y de las Malvinas) y de la histórica vinculación entre Marruecos y el Sahara (en particular entre las tribus saharianas y el sultán), también debe ser capaz de anticiparse a cualquier posibilidad de que la región se convierta en un nuevo refugio de terroristas y bandidos. Los estados fallidos en los que terroristas y proscritos se hacen fuertes porque el estado no llega -donde éste pierde la soberanía y por ello deja de ser estado- perjudican a toda la comunidad internacional y especialmente al pueblo marroquí si se localizan en el Sahel.


Ningún proceso de autodeterminación e independencia está libre de riesgo e incertidumbre: los años 90 nos enseñaron que si no existe previamente un marco político e institucional adecuado, estos procesos pueden desembocar en mayor inestabilidad e incluso conflicto civil. Nuevamente, es la falta de soberanía -que el Frente Polisario con o sin Argelia difícilmente podría ejercer en el Sahara- lo que podría alentar a las fuerzas antidemocráticas a minar el proceso de autodeterminación y de instauración de un régimen democrático.

El conflicto del Sahara sólo podrá resolverse alejado de posturas maximalistas, como son la independencia total e incondicional del Sahara o su integración en Marruecos sin matices, como una provincia o región más. El interés común deberá prevalecer sobre la rigidez de las posturas iniciales, tal y como parecen propugnar por vía del pragmatismo el Consejo de Seguridad y Barack Obama.

Si la resolución 1871 del Consejo de Seguridad de abril de 2009 llama a negociar sin condiciones previas y con buena fe en la búsqueda de una solución «justa, duradera y aceptable para las partes», el pragmatismo es pieza clave en la política exterior del presidente americano, que busca soluciones prácticas usando todos los métodos e instrumentos a su alcance sin necesidad de adherirse a una escuela internacional.

Una solución pragmática sería acorde con el derecho internacional, pues éste emana de un proceso neutral y objetivo que debe relacionarse a la práctica internacional y las acciones de políticos y estados. Es la prudencia política que expresaba Kant: «Los planes de la teoría para el Derecho político, el Derecho de gentes y el Derecho cosmopolita se evaporan en ideales vacíos, irrealizables, mientras que una práctica, fundada en principios empíricos de la naturaleza humana, que no considere demasiado rebajado extraer enseñanzas de lo que se sucede en el mundo podría esperar encontrar un fundamento más seguro para el edificio de la prudencia política».