Lo dijo el Ministro Corbacho la semana pasada. Aún cuando la amenazadora sombra del paro obscurezca el presente, el desabastecimiento a medio plazo de nuestro mercado de trabajo, obliga a replantear las jubilaciones anticipadas.
No las descartó completamente porque pueden ser una solución para algunas compañías necesitadas de ajustes laborales, pero bajo ningún concepto, podemos convertirla en práctica común de la política de recursos humanos de las empresas.
Su declaración supone el reconocimiento oficial de los inconvenientes de una acción objetada hace tiempo por los expertos.
Un país que va a necesitar nutrir las filas de sus trabajadores no se puede permitir el lujo de prejubilar cada año a 50.000 personas.
Todo lo contrario. Lo que debe hacer es facilitar la permanencia en el mercado a más activos durante más tiempo para aliviar el agravamiento de la relación entre contribuyentes y pensionistas. Hoy es de 2,74 activos por cada jubilado ,pero la proporción irá cayendo hasta valores de 1,5 por 1.
No es una tarea sencilla. La tasa de actividad de las personas de 60 a 64 años es pequeña y la de más de 65 ridícula. Además son pocas las personas que, según una encuesta reciente de la EPA, se plantean trabajar después de los 65 años .Al revés .Esa edad legal de jubilación se distancia de la real situada en 62,5 años.
A pesar de todo, es preciso definir políticas activas de envejecimiento para incentivar el trabajo de los "seniors" porque en una época de caída en la producción interna del talento, no podemos prescindir del que tenemos por razones de jubilación precipitada.
A las empresas compete implementar medidas como la flexibilidad de los horarios o la adjudicación de tareas que no requieran un gran esfuerzo físico pero sí un alto valor añadido como el "mentoring", la orientación, etc…
Y a los poderes públicos acciones dirigidas a incentivar a las compañías para mantener a los trabajadores de edad.
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